Casi el 50% del suministro está ya en manos privadas.
Luis Babiano, Asociación Española de Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Este artículo se publica también
en El agua, como la vida, no es una mercancía. Revista El Ecologista nº 72.
A pesar de que el agua es un recurso básico, un derecho humano, la
mitad de los abastecimientos ya están gestionados en España por empresas
privadas, que en su mayoría están controladas por solo dos, Agbar y
FCC. Y el motivo ha sido siempre el mismo: a pesar de la evidencia de
que la gestión pública es más eficaz y barata, la privatización se ha
usado como una forma coyuntural de obtener fondos, aunque sea a costa de
un patrimonio tan importante. Si la oposición social no frena algunas
de las privatizaciones previstas en Madrid, Cataluña y otros lugares, la
gestión privada del agua se convertirá en hegemónica en España.
En la mayoría de los países europeos la legislación sobre los
servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración
de las aguas residuales adjudica su titularidad a la Administración
Pública, normalmente a las Entidades Locales, al entender que es la
mejor manera de garantizar el acceso ciudadano a un bien esencial.
No obstante, en algunos casos las instalaciones de abastecimiento y
saneamiento son supramunicipales (embalses, estaciones de tratamiento o
depuradoras), o bien, por simples motivos de tamaño o escala se propicia
la prestación del servicio a través de entidades supramunicipales, que
no dejan de ser administraciones públicas locales.
Esto es posible debido a que la normativa española no obliga a que
sea la propia Entidad Local la que preste el servicio de manera directa,
por lo que la gestión del ciclo urbano del agua se puede llevar a cabo
de manera mancomunada, consorciada o delegándola a una empresa privada o
mixta.
Así, en España, durante los últimos años hemos venido constatando
esta diversidad de modelos de gestión del ciclo urbano del agua. A la
gran cantidad de municipios que ejercen con autonomía sus competencias
en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios que
han ido delegando esas responsabilidades en empresas privadas. Este
proceso de privatización se ha producido en una situación de carencia de
información y de ausencia total de participación social.
En la actualidad, contamos con numerosas empresas públicas, como
Acosol, Canal de Isabel II, Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, Emacsa,
Emasa, Emasesa, Arcgisa, Giahsa, Emalcsa y muchas otras que son una
garantía de disfrute del derecho humano al agua frente a otros tipos de
gestión basados en la obtención de beneficios a corto plazo.
Recientemente, el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha
comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades públicas y 24
ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas
ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo que las empresas públicas son
más eficientes que las privadas. Y añaden que uno de los motivos es la
laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de
la Administración.
Privatizar para tapar agujeros
A la vista del resultado, cabría preguntarse a qué otros intereses,
que no es la eficacia en la gestión, obedece el proceso privatizador del
servicio de agua vivido en España en los últimos años. Se puede decir
sin temor a equivocarse que detrás de cada proceso de privatización hay
una necesidad de financiación por parte de la entidad privatizadora.
La fórmula de privatización más utilizada es la concesión de los
servicios. El agua sigue siendo pública, el servicio competencia y
responsabilidad de las Entidades Locales, pero la gestión se adjudica a
un agente privado. En todos los casos de privatización del ciclo urbano
del agua la empresa privada paga a la Administración una cantidad de
dinero a cambio de la concesión. Es lo que se denomina canon
concesional.
Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las
infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles
finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los ciudadanos, en
la mayoría de los casos sin que aparezca claramente reflejado en la
factura.
Las empresas privadas, para abonar el canon concesional, recurren al
crédito, que obtienen con el respaldo de las tarifas de los más de 20
años que suele durar la concesión y la garantía de un porcentaje de
cobro que supera el 95%. Es decir, dos décadas de ingresos permanentes y
asegurados ya que se trata de un mercado cautivo de pagos protegidos
por la amenaza del corte de suministro. El agua en España es un refugio
financiero y somos los ciudadanos quienes pagamos estos créditos con su
correspondiente interés y beneficio empresarial.
Así hemos llegado a una situación en la que la gestión privada (a
través de empresas mixtas o privadas) supone ya el 50% y en la que a su
vez, esa gestión privada, está controlada en un 90% por dos empresas,
Aguas de Barcelona (Agbar, perteneciente al grupo Suez) y Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC), con lo que en la práctica podemos
decir que estamos gestionando un derecho humano en auténtico régimen de
oligopolio donde no hay competencia.
Este modelo de gestión es costoso para el ciudadano que ve
incrementada su tarifa; medioambientalmente insostenible, ya que a mayor
consumo de agua, mayor es el beneficio (como ponen en evidencia las
quejas de Agbar por el descenso en el consumo durante la sequía que
sufrió Cataluña en 2007); oscuro (no existen órganos reguladores, ni
indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables); y supone
una auténtica pérdida del control de las administraciones que a veces se
ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública.
Situaciones parecidas a estas han hecho que en muchas ciudades
europeas como Grenoble o París hayan recuperado la concesión y que los
ciudadanos italianos acaben de votar en referéndum contra la
privatización de los servicios de agua.
Fuertes intereses privatizadores en España
Sin embargo, en España la presión de las empresas privadas se ve
favorecida por la falta de recursos municipales y la debilidad de la
regulación. Así hemos visto privatizar agua de buena parte de nuestro
territorio. La más reciente ha sido Aguas de Huelva (150.000 hab.), a
finales de 2010, que ha incorporado a un grupo de empresas privadas al
49% del accionariado. La operación supuso un montante total de 57,3
millones de euros. A cambio, Aquagest, el grupo que se ha sumado a la
entidad –Unicaja (30%), Caja Granada (15%) y Agbar (55%)–, se compromete
a invertir en la ciudad siete millones de euros en los 25 años del
contrato (un millón de euros el primer ejercicio). Además, cuatro
millones irán destinados a sensibilización y concienciación ciudadana,
lo que supondrá un vínculo contractual muy estrecho con los medios de
comunicación locales, beneficiarios colaterales del proceso. La nueva
empresa resultante tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un
1% por encima del IPC, pero solo previa aprobación del pleno municipal y
tras justificar los costes.
A simple vista, los beneficios directos de esta operación no son muy
elevados (en el pliego se señala que el proceso de privatización solo
repercutirá en la tarifa en 1% por encima del IPC). Pero existen
numerosas repercusiones colaterales, ya que una vez conseguida la
concesión, la nueva empresa se compra a sí misma la tecnología, los
suministros y las obras necesarias. No está sometida a las mismas
exigencias de publicidad y concurrencia que las entidades públicas, por
lo que no está obligada a contratar mediante concurso público. Por
último, ellos cobran de forma regular y pueden pagar a proveedores con
más plazo. Ya solo con el manejo de tesorería, tienen beneficios. El
resultado es que en la ciudad de Huelva las tarifas aumentaron en un
solo año un 14,4%. La historia de Huelva ejemplifica un proceso similar
al que han vivido recientemente ciudades como León, Avilés o
Guadalajara.
En la ciudad de León (145.000 hab.) la privatización se realizó a
finales de 2009, Aquagest también se hizo con el 49% de la empresa
municipal de aguas por un importe de 25 millones de euros, en concepto
de “uso de las instalaciones, bienes y elementos existentes adscritos al
servicio”. A cambio, Aquagest se aseguró la gerencia ejecutiva de la
empresa, el control efectivo de la estrategia empresarial y de las
decisiones económicas fundamentales. Y todo ello en un contexto opaco,
garantizado por el derecho a la privacidad de la información empresarial
que dificulta, cuando no bloquea, cualquier proceso de participación
ciudadana efectiva. Se privatizó el servicio de aguas de una ciudad que,
según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de
marzo de 2006, era una de las mejores gestiones, siendo la capital de
provincia más barata en el suministro. La entrada de Aquagest supuso una
subida inmediata del 2,8% en la tarifa del agua para 2010.
Oposición social
Los procesos de privatización también han supuesto fuertes
movimientos ciudadanos de defensa del agua como bien común. Los vecinos
de Avilés (Asturias) consiguieron crear una de las Plataformas contra la
privatización del agua más activas. De hecho, en un municipio de no más
de 85.000 habitantes, consiguieron recabar casi 20.000 firmas para
exigir que la gestión del agua se decida por referéndum. Movilizaciones
que no impidieron que el 1 de enero de 2010 comenzara a funcionar una
nueva sociedad participada en un 74% por Aquagest y en un 26% por el
Ayuntamiento gracias a los 37 millones de euros del canon (de los que
sólo 18 millones se destinarán a mejorar y completar la red).
El objetivo de ampliar espacios al mercado sobre la base de
privatizar los servicios públicos (sanidad, educación, agua y
saneamiento) que en las últimas décadas ha presidido las políticas de
liberalización y desregulación, acaba encontrando en esta coyuntura de
crisis una ventana de oportunidad. En el último año se han anunciado
nuevos procesos de privatización: Lugo (85.000 hab.), Jerez de la
Frontera (206.000 hab.), el Puerto de Santa María (85.000 hab.) y las
muy relevantes del Canal de Isabel II (6.000.000 hab., casi toda la
Comunidad de Madrid) o Aigües Ter-Llobregat (5.000.000 hab.) que de
concretarse supondrán la hegemonía absoluta del agua privada en España.
Los fracasos vividos al inicio de la década en Latinoamérica (gracias
a las protestas ciudadanas) y el nuevo proceso de privatización que se
vive en España ha reorientado la estrategia de las multinacionales del
agua hacia los denominados mercados maduros; mercados donde se minimizan
los riesgos dado que los recibos del agua tienen una alta garantía de
pago. En este sentido, Agbar, ha reorientado su estrategia de futuro
ante el nuevo contexto económico y en los próximos años focalizará su
actividad en acometer grandes proyectos de concesiones de la mano de
fondos de inversión y en impulsar las actividades de tecnologías y
soluciones con alto valor añadido para las empresas de agua. En los
últimos meses, se ha mostrado interesada en hacerse con la gestión de
Aigües Ter-Llobregat (ATL), Aguas de Jerez y el Canal de Isabel II de
Madrid si estas entidades se privatizan, lo que responde también a esta
estrategia de futuro.
Al margen de su valor crematístico, el agua en España, como en la
mayoría de las culturas mediterráneas, sigue manteniendo un fuerte valor
simbólico, un significado de “fuente de vida”. Este valor simbólico
hace que la ciudadanía tome rápidamente conciencia social sobre el agua
como bien común. Por tanto, es importante destacar también el papel que
la sociedad civil juega frente a la mercantilización.
En este sentido son notorias las actuaciones que se están llevando a
cabo en Madrid y Catalunya, a través de la Plataforma contra la
Privatización del Canal de Isabel II y la Plataforma Aigua és Vida.
Incluso es de destacar, que recientemente dieciséis colectivos se han
sumado al frente contra la decisión del gobierno local de privatizar la
gestión del ciclo del agua de Ajemsa (Aguas de Jerez). De su capacidad
de acción dependerá, en buena medida, que en España el agua sea un bien
común o un valor comercial.
Para reforzar el papel del agua como bien común, desde AEOPAS creemos
que si la legislación simplemente prohibiera –como en la mayoría de los
países europeos– que los cánones concesionales se utilicen para fines
distintos de la mejora de las infraestructuras hidráulicas, los procesos
de privatización serían en España algo muy residual. No hacer esto es
fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización de la tarifa del
agua como mecanismo de recaudación no transparente para financiar a los
municipios y cuyo resultado no muy lejano será la ausencia de inversión
en la gestión del ciclo urbano, lo que conducirá a su insostenibilidad
y, quizás, a su posterior rescate público pagado por todos.
FUENTE: http://www.ecologistasenaccion.org/article22703.html
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